El Colegio Nacional de Abogados Municipalistas reitera su consternación por el paquete de reformas anunciado por el titular del Poder Ejecutivo federal el 5 de febrero pasado y se suma a la preocupación expresada por la comunidad jurídica en torno a las modificaciones propuestas al Poder Judicial de la Federación que, en su conjunto, conllevan al trastocamiento a principios republicanos como la independencia judicial y a la restricción al acceso efectivo a la justicia constitucional.
La reingeniería esbozada representa una severa regresión en la tutela efectiva de los derechos fundamentales, ya que, ante el posible involucramiento de intereses políticos o económicos en la elección de jueces y magistrados, se pone en grave riesgo al derecho de acceso a una justicia imparcial, que emana, no de la manera en que los juzgadores son designados, sino del ecuánime y desapasionado apego a Derecho.
En caso de aprobarse, esa reforma judicial debilitará seriamente el derecho a la protección judicial, consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, habida cuenta que se contravendrán tanto el principio de progresividad como la prohibición de retroactividad; preceptos internacionalmente reconocidos en la defensa y protección a los derechos humanos.
Más aún, la probable cercanía a organizaciones político-partidistas de quienes aspiren y, eventualmente, integren a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, compromete la imparcialidad con que la ésta debe conocer y resolver las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, previstas en el artículo 105 de la propia ley fundamental, ya que éstas tienen implícita la contienda entre diferentes órganos públicos de elección popular, o entre éstos y los propios partidos políticos o sus representaciones parlamentarias.
Para los gobiernos municipales, la garantía de imparcialidad en la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resulta particularmente sensible, ya que las controversias constitucionales se han consolidado como el principal medio jurisdiccional de defensa de la autonomía municipal, cuya resolución debe carecer de cualquier orientación político-partidista.
El Colegio Nacional de Abogados Municipalistas conmina a quienes integran el Congreso de la Unión y las Legislaturas estatales a que, en ejercicio de sus funciones constitucionales, tengan a bien salvaguardar a la ley fundamental y a las instituciones que de ella emanan. Asimismo, hace un llamado a la comunidad jurídica para analizar las alternativas constitucionales y convencionales para la tutela efectiva de los derechos fundamentales y para la preservación del régimen republicano.
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